Proyecta aseguramiento por vandalismo y creación de un Fondo de Reparación
El proyecto, presentado por el senador Juan Fernando Caicedo, crearía un sistema para asegurar y reparar los daños materiales causados por hechos de violencia colectiva. Se refiere al saqueo, la destrucción, el incendio y el vandalismo colectivo ocurridos durante manifestaciones, protestas, asonadas, motines o alteraciones del orden público. Para eso establecería una cobertura obligatoria en los seguros de daños y crearía el Fondo de Solidaridad y Reparación por Hechos de Violencia Colectiva. Aplicaría en todo el país a quienes sean propietarios, poseedores o tenedores de bienes destinados a vivienda, comercio, industria o servicios, con protección especial para el pequeño comerciante y el comerciante informal. La protesta pacífica no daría lugar a indemnización.Algunas de las obligaciones:
- Aseguradoras: todo seguro de daños sobre inmuebles o contenidos destinados a vivienda, comercio, industria o servicios incluiría obligatoriamente esta cobertura. No podría excluirse por contrato, y las aseguradoras del ramo de daños estarían obligadas a ofrecerla y suscribirla.
- Aseguradoras: deberían crear una reserva técnica de riesgos catastróficos exclusiva para esta cobertura, siguiendo el modelo del ramo de terremoto. Esa reserva no podría embargarse y solo podría usarse para pagar los siniestros cubiertos.
- Aseguradoras: deberían pagar una contribución parafiscal al Fondo calculada sobre las primas emitidas en los ramos de daños. El Gobierno fijaría la tarifa entre el 0,5 % y el 2 %, según la siniestralidad de los tres años anteriores, la suficiencia de la reserva y el saldo del Fondo.
- Superintendencia Financiera: fijaría las condiciones mínimas, los límites de cobertura, los deducibles máximos y la forma de calcular el sobrecosto de la prima. Ese sobrecosto se repartiría entre todos los asegurados y no solo entre los de zonas de mayor riesgo. También supervisaría el cumplimiento.
- Afectados: deberían informar el hecho a la Policía y obtener una constancia.
Aspectos de interés:
- El Fondo sería una cuenta especial de la Nación adscrita al Ministerio de Hacienda y tendría dos funciones. Respaldaría a las aseguradoras en eventos catastróficos, cubriendo las pérdidas que superen lo que el mercado puede asumir. Además, repararía directamente a los pequeños comerciantes e informales que no tengan seguro.
- La reparación que pague el Fondo tendría un tope por beneficiario y por evento.
- Después de reparar, el Fondo podría cobrar lo pagado a los autores del daño y también a la Nación cuando el daño sea atribuible al Estado.
- Nadie podría recibir, por los mismos hechos, una reparación mayor al daño real. Quien ya haya sido reparado solo podría demandar al Estado por la parte del perjuicio no cubierta.
- Si el Fondo no responde a tiempo y el hecho ya fue calificado como violencia colectiva, se reconocería el derecho a la reparación, pero no un monto automático.
Fechas y plazos:
- 60 días desde el hecho, o desde que terminó si duró más de un día: plazo para presentar la solicitud ante la aseguradora o ante el Fondo.
- 30 días hábiles: plazo de la aseguradora para resolver la reclamación. Si no cumple, se le aplicarían sanciones por protección al consumidor financiero e intereses de mora.
- 45 días hábiles: plazo del Fondo para resolver las solicitudes de reparación directa.
- 6 meses desde la promulgación: el Gobierno reglamentaría la ley y la Superintendencia Financiera emitiría la regulación técnica de la cobertura y de la reserva.
- 12 meses desde la promulgación: la cobertura sería obligatoria en los seguros de daños que se celebren o renueven desde esa fecha.
