Proyecta directrices para las medidas preventivas de los inspectores del trabajo
El proyecto derogaría el capítulo sobre medidas preventivas en la inspección del trabajo que el Decreto 720 de 2026 incorporó al Decreto 1072 de 2015 (artículos 2.2.3.4.1 a 2.2.3.4.6). En su lugar crearía un nuevo Capítulo 5 sobre el mismo tema. Las medidas preventivas serían órdenes de aplicación inmediata para evitar que se vulneren o agraven derechos laborales ante un riesgo concreto. No serían sanciones, no declararían responsabilidad ni resolverían controversias sobre derechos individuales.Algunas de las obligaciones:
- Quién las adopta: el inspector del trabajo o el funcionario con competencia legal expresa. El equipo técnico solo documentaría hechos y haría recomendaciones.
- Quién puede pedirlas: podrían adoptarse de oficio o a solicitud de un trabajador, del COPASST, del Comité de Convivencia Laboral o de un sindicato. La decisión se comunicaría a quien la pidió.
- Contenido de la orden: debería identificar los hechos verificados, la norma que da la competencia, la obligación protegida, el destinatario, las acciones ordenadas, su duración o la condición para revisarla, y por qué es necesaria y proporcionada. No se permitirían órdenes indeterminadas, sanciones anticipadas ni obligaciones sin respaldo legal.
- Seguimiento: la autoridad debería revisar la medida y modificarla o levantarla cuando desaparezcan los hechos o exista una alternativa menos gravosa con el mismo efecto.
Aspectos de interés:
- Seguridad y salud en el trabajo: las medidas recaerían sobre la actividad, el lugar, los equipos o las condiciones de trabajo, y protegerían a todas las personas expuestas sin importar su tipo de vinculación.
- Acoso laboral y sexual: las medidas las adoptarían los sujetos legalmente competentes. La inspección no reemplazaría las obligaciones de empleadores, contratantes, ARL ni otras autoridades.
- Suspensión de actividades por culpa del empleador: se aplicaría el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, que regula el pago de salarios cuando el trabajador no puede prestar el servicio por causa del empleador.
- Incumplimiento de la medida: no daría lugar automáticamente a una sanción, a medidas coercitivas ni a un proceso por renuencia. Cada figura conservaría sus propios requisitos.
- La derogatoria no afectaría los textos del Decreto 581 de 2026, que usan la misma numeración.
Fechas y plazos:
- 1 y 13 de octubre de 2026: el decreto anterior fue presentado en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y revisado en su Subcomisión.
- Transición: las medidas ya vigentes se revisarían una por una. No habría un levantamiento general.
- 12 y 24 meses: el Ministerio del Trabajo identificaría los problemas de aplicación y luego evaluaría si se requieren ajustes.
