Proyecta cambios en la multa por despedir a quien denuncia acoso sexual
El proyecto modificaría los artículos 2.2.9.7.3 y 2.2.9.7.5 del Decreto 1072 de 2015, que el Decreto 405 de 2025 había incorporado. Se refieren a la multa por despido retaliatorio asociado al acoso sexual, prevista en el artículo 14 de la Ley 2365 de 2024. Eliminaría las cuatro franjas por tamaño de empresa, que fijaban mínimos de 1.251, 2.501 y 3.751 salarios mínimos diarios para empresas pequeñas, medianas y grandes. En su lugar aplicaría un rango único de 1 a 5.000 salarios mínimos diarios, con una cuantía justificada en cada caso.Algunas de las obligaciones:
- Autoridad que impone la multa:
- Valoraría el tamaño de la empresa según la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, los criterios del artículo 12 de la Ley 1610 de 2013 y, en lo no previsto, los del artículo 50 de la Ley 1437 de 2011.
- Justificaría la cuantía según los hechos probados, su gravedad y la capacidad económica documentada.
- Sustentaría el tamaño de la empresa con información del expediente, sin exigir al investigado pruebas que la ley no prevé.
- Competencia: el Ministerio del Trabajo actuaría por medio de las autoridades de inspección competentes, sin declarar derechos individuales.
Aspectos de interés:
- El tamaño de la empresa no determinaría automáticamente la sanción ni crearía mínimos o máximos distintos al rango legal.
- La multa iría al Fondo para el Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo y la Seguridad Social.
- Pagar la multa no eliminaría las acciones judiciales ni los derechos de la víctima. La víctima podría participar en el proceso como tercera interesada, con reserva y sin tener que confrontarse con el acusado.
- Las demás disposiciones del Capítulo 7 seguirían vigentes.
- 1 y 13 de octubre de 2026: el decreto anterior fue presentado y revisado en la Comisión Permanente de Concertación y su Subcomisión.
- Transición: los procesos en curso se decidirían con las normas aplicables en su momento y con favorabilidad cuando proceda. Las decisiones que ya estén en firme no se revocarían automáticamente.
- 12 y 24 meses: el Ministerio del Trabajo haría seguimiento y evaluaría si se requieren ajustes.
