Proyecta reemplazar lineamientos para prevenir y atender el acoso, la violencia y la discriminación en el trabajo

El proyecto reemplazaría completamente el Capítulo 8 que el Decreto 1040 de 2026 incorporó al Decreto 1072 de 2015. Separaría las reglas aplicables a cada situación: el acoso laboral por la Ley 1010 de 2006, el acoso sexual por la Ley 2365 de 2024, la violencia en el trabajo y la violencia basada en género por las Leyes 2466 de 2025 y 1257 de 2008, y la discriminación por la Constitución y la ley. La protección cubriría a las personas en cualquier situación contractual, incluidos los trabajos informales, la formación, la búsqueda de empleo y las comunicaciones relacionadas con el trabajo. Algunas de las obligaciones:

• Empleadores:
  • Adoptarían políticas, protocolos o rutas que definan los canales para recibir quejas, los responsables internos, las medidas de protección, la confidencialidad y la forma de remitir los casos.
  • Habilitarían canales accesibles, verbales o electrónicos, protegiendo los datos sensibles y sin exigir una denuncia penal previa salvo que la ley lo requiera.
  • En acoso sexual, garantizarían que la víctima no tenga que confrontarse con el acusado y adoptarían las medidas de los numerales 3 a 6 del artículo 13 de la Ley 2365 dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud de la víctima.
  • Publicarían cada semestre las cifras anonimizadas de quejas y sanciones por acoso sexual y las enviarían al Sistema Integrado de Información de Violencias de Género.
  • Informarían a la víctima de acoso sexual que puede acudir a la Fiscalía y le remitirían la queja de inmediato si ella lo pide.
  • Cumplirían las órdenes de protección y el derecho preferente de reubicación de las víctimas de violencia de pareja, violencia intrafamiliar y tentativa de feminicidio.
• ARL: cumplirían sus funciones de prevención y atención y garantizarían la atención emocional y psicológica prevista en los artículos 10 y 13 de la Ley 2365 de 2024.

  Aspectos de interés:

• En acoso sexual se mantendría la protección de 6 meses contra represalias, que también cubre a los testigos.
• El decreto no crearía presunciones de responsabilidad ni cambiaría la carga de la prueba más allá de lo que establecen la ley y la jurisprudencia.
• Ningún concepto médico suspendería automáticamente la evaluación de desempeño, salvo que una norma competente lo disponga.
• No se podrían imponer encuentros, confrontaciones o conciliaciones que vayan contra los derechos de las víctimas.
• El decreto no crearía multas ni faltas disciplinarias propias.

  Fechas y plazos:

• 5 días hábiles: plazo para adoptar las medidas de protección que solicite la víctima de acoso sexual.
• Cada semestre, en sus últimos 10 días: envío de las cifras de acoso sexual.
• 1 y 13 de octubre de 2026: el decreto anterior fue presentado y revisado en la Comisión Permanente de Concertación y su Subcomisión.
• Transición: las quejas en curso se trasladarían al régimen competente, sin archivarse de forma general.
• 12 y 24 meses: el Ministerio del Trabajo haría seguimiento y evaluaría si se requieren ajustes.

Vigencia:Regiría a partir del día siguiente al de su publicación.