Convenientes medidas que impiden la exportación, pero habilitan su importación.

Por: Andrés Felipe Coronado Gil – Gerencia de Asuntos Legales de Suramericana

Sin lugar a dudas, la crisis provocada por la pandemia, ha transformado múltiples aspectos de la cotidianidad, modificando comportamientos arraigados en una sociedad acostumbrada a vivir sin pausas repentinas y duraderas. Pero como sucede en la mayoría de transformaciones, los traumatismos naturales del cambio no se han hecho esperar, trayendo consigo, efectos colaterales para la economía y otros sectores que de manera inesperada se han visto afectados por esta contingencia global. Dentro del gran abanico de políticas implementadas por los países para contener las consecuencias del virus, tenemos que las medidas de aislamiento son el común denominador en la mayoría de estados, los cuales han apostado a la disminución del contacto físico entre sus habitantes, para de esa manera moderar el número de contagios, tratando de evitar el colapso de los sistemas de salud.

Como herramienta coercitiva de aislamiento, se han expedido normas que limitan total o parcialmente la movilidad, según la gravedad de afectación del país o región en particular. Estas normas, han tenido resultados disimiles en cada país, verbigracia, tenemos que de acuerdo a las cifras suministradas por la firma internacional “GranData” en asocio con las Naciones Unidas, la cual mide los índices de movilidad de las personas por medio del GPS de sus celulares, se ha podido demostrar, que los países de la región con mayor porcentaje de acatamiento a las normas de aislamiento preventivo, son Argentina, Ecuador, Uruguay y Colombia, superando 47% de reducción en la movilidad de sus habitantes, por el contrario, países como Brasil, con una disminución de la movilidad inferior al 35% presentan una alta ineficiencia en el cumplimiento de las medidas de aislamiento adoptadas.

De manera consecuencial, muchos sectores productivos han tenido que suspender sus operaciones durante un periodo extenso, dando como resultado no solo un relativo desabastecimiento de algunos productos de primera necesidad durante la pandemia, sino también, un incremento significativo en las tasas de desempleo, afectando en gran medida la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Y aunque muchos países como Colombia han empezado con la reactivación gradual de la economía, llama la atención, la forma en la que algunos han tratado de poner freno al desabastecimiento, implementando herramientas normativas liberatorias como la reducción o eliminación arancelaria, y otras que, por el contrario, truncan el comercio internacional prohibiendo las exportaciones de ciertos bienes, poniendo en riesgo los grandes avances en materia de apertura económica, logrado en los últimos años.

Son muchos los casos en la región donde se han tomado drásticas medidas de liberación arancelaria, permitiendo así, que una gran cantidad de insumos médicos necesarios para atender la crisis en salud, entren a cada estado con un costo significativamente menor al que tenían antes de la llegada de la pandemia, caso contrario a lo que sucede en países como Brasil y Argentina, donde según la OMC las medidas arancelarias de importación de productos de la salud se mantienen por las nubes, pudiendo incluso superar el 50% del valor en productos de esta índole.

En contraposición a las medidas que pretenden promover el abastecimiento de insumos médicos a nivel internacional y la liberación económica, existen también las que lo restringen, llegándose a evidenciar según cifras de la International Trade Commision, que 91 países del mundo incluyendo 8 de America latina y el Caribe han implementado regulaciones restrictivas al comercio internacional, prohibiendo las exportaciones de bienes necesarios para atender las contingencias de cada país producto de la pandemia. Este tipo de restricciones no solo se limitan a los insumos médicos, en otros casos, han afectado las exportaciones de alimentos de vital importancia mundial como el arroz y el trigo, como en el caso de Serbia, Kazajstán, Vietnam y Rusia, este último, a pesar de que oficialmente no ha cerrado sus puertas, se ha visto tentado a proteger su abastecimiento nacional, lo que eventualmente desencadenaría en un traspiés para la cadena de suministro de este cereal, del que Rusia es el principal proveedor. Los únicos casos semejantes en la región, los podemos encontrar en Honduras y el Salvador, con la restricción de exportaciones de frijol rojo, y Bolivia, donde se ha procurado que la producción de trigo no salga del país, implementando incentivos entre los cultivadores, tales como, la entrega de insumos agrícolas y la compra de las cosechas de trigo a un precio bastante favorable por intermedio de la Empresa de Apoyo de Producción de Alimentos (EMAPA). Estas restricciones y medidas de acaparamiento, han dado origen al llamado “Nacionalismo Alimentario”, causando un gran impacto en naciones cuya sostenibilidad alimentaria, depende en un gran porcentaje de las importaciones.

Más allá de la visible afectación contra la salud y la economía, esta contingencia se ha convertido en ese gran impulso regulatorio que necesitan muchos de los países de la región, para adecuar las normas ya existentes a las realidades actuales de cada estado, teniendo en cuenta las vicisitudes actuales de cada sistema. Pero no se debe perder de vista, que un posible exceso de ejercicio regulatorio interno para favorecer múltiples aspectos locales, puede terminar provocando efectos no tan benéficos en el orden internacional.

Dejar comentario

Caracteres restantes: 300

Comentar