Ley de Transparencia y Anticorrupción

El Congreso expide la Ley de Transparencia y Anticorrupción, de la que destaca:
  1. Personas jurídicas sujetas a inspección, vigilancia o control adoptarán programas de transparencia y ética empresarial que incluyan normas internas de auditoría.
  2. Las entidades que tengan la obligación de implementar SARLAFT o de reportar al Registro Único de Beneficiarios Finales deberán aplicar nuevas medidas de debida diligencia para la identificación de los beneficiarios finales.
  3. Dispone nuevas prohibiciones sobre actividades relacionadas con los libros de comercio.
  4. Nuevo régimen de principios generales contractuales para las entidades no sometidas al estatuto general de contratación.
  5. Nuevo régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria para personas jurídicas, sucursales de sociedades extranjeras, personas jurídicas que integren uniones temporales o consorcios, EICO, empresas de economía mixta y entidades sin ánimo de lucro. Se encarga su aplicación a las superintendencias o autoridades de supervisión.
  6. Determina que las solicitudes de información que realice la secretaría de transparencia (a entidades públicas o privadas) deberán responderse en 10 días hábiles.
  7. Otorga facultades a la Contraloría General para procedimientos de búsqueda, embargo y recuperación de activos en el exterior. También posibilita la desestimación de la personalidad jurídica para efectos de control fiscal (levantamiento del velo corporativo).
  8. Realiza modificaciones a la acción de repetición, en relación con el dolo, la culpa grave, la legitimación, la caducidad, la oportunidad para presentar la demanda y el llamamiento en garantía, entre otras.
Congreso, Ley 2195 de 2022

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