Proyecta derogar aspectos sobre tercerización laboral y ajustes a multas para EST y cooperativas
El proyecto derogaría completamente el Decreto 581 de 2026, que regulaba la tercerización y la intermediación laboral (artículos 2.2.3.4.1 a 2.2.3.4.7 del Decreto 1072 de 2015). También modificaría las reglas de multas para empresas de servicios temporales (EST) y cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Las prohibiciones, obligaciones y sanciones que vienen directamente de la ley seguirían aplicando. Algunas de las obligaciones:- Multas a EST (art. 2.2.6.5.20): el Ministerio del Trabajo las impondría con debido proceso. Para los casos del artículo 93 de la Ley 50 de 1990, el máximo sería de 11.159,87 UVB, equivalentes a 2.631,30 UVT. Las demás infracciones se sancionarían según el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, sin aplicarles ese tope.
- Multas a cooperativas (art. 2.2.8.1.34): las impondrían las Direcciones Territoriales, con el mismo máximo especial para los casos del artículo 93. Las infracciones del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 tendrían sus propios topes legales.
- Multas sucesivas: requerirían autorización legal y comprobar que la infracción persiste. No habría cobros automáticos por el solo paso del tiempo.
- Sanciones a cooperativas (art. 2.2.8.1.44): solo procederían las previstas en la ley. La actuación administrativa no podría declarar que existe un contrato de trabajo ni definir quién es el verdadero empleador.
Aspectos de interés:
- Los procesos iniciados con base en el Decreto 581 continuarían solo si los hechos constituyen infracciones con fundamento legal.
- La inspección podría documentar los hechos y enviarlos a la autoridad competente. Esas actas servirían como prueba, pero no equivaldrían a una demanda ni a una declaración judicial del vínculo laboral o de la responsabilidad solidaria.
- La derogatoria no afectaría los textos del Decreto 720 de 2026, que comparten numeración.
Fechas y plazos:
- 1 y 13 de octubre de 2026: el decreto anterior fue presentado y revisado en la Comisión Permanente de Concertación y su Subcomisión.
- Transición: no se extinguirían salarios, prestaciones, aportes ni indemnizaciones con fundamento válido, ni se revocarían decisiones en firme.
- 12 y 24 meses: el Ministerio del Trabajo haría seguimiento y evaluaría si se requieren ajustes.
