Proyecta los lineamientos para la implementación de medidas integrales de prevención, atención, protección y reparación de las personas frente al acoso sexual en los contextos laborales y educativos

Pretende establecer los lineamientos para la implementación de medidas integrales de prevención, atención, protección y reparación frente al acoso sexual en los contextos laborales y educativos, garantizando el derecho a la igualdad, la no discriminación y una vida libre de violencias, bajo los principios de debida diligencia y corresponsabilidad institucional. Obligaciones de cumplimiento normativo Para empleadores:

• Adoptar e implementar una política institucional de prevención, atención, protección y reparación del acoso sexual, incorporada en reglamentos internos, contratos laborales y demás instrumentos que regulen las relaciones laborales.
• Establecer rutas y mecanismos efectivos para la atención integral, protección y garantía de no repetición.
• Realizar campañas de prevención y sensibilización sobre la Ley 2365 y el Convenio 190 de la OIT.
• Designar una dependencia u órgano responsable de recibir y atender denuncias, con autonomía funcional y técnica, personal capacitado y canales confidenciales.
• Garantizar atención emocional, psicológica y jurídica a las víctimas, de forma inmediata y sin condicionamientos.
• Implementar medidas de protección para evitar la revictimización y mitigar riesgos, priorizando ajustes sobre la persona presunta agresora.
• Llevar un registro seguro y confidencial de las quejas y casos, reportando a los sistemas nacionales (SIVIGE y Salvia).
• Establecer una escala de faltas y sanciones asociadas al acoso sexual laboral.
• Actualizar reglamentos internos y contratos en un plazo de 3 a 12 meses desde la entrada en vigencia del decreto.

Para Administradoras de Riesgos Laborales (ARL):

• Campañas permanentes de prevención.
• Atención emocional y psicológica a través de canales especializados.
• Capacitación a comités y brigadas sobre prevención de violencia y acoso sexual.

Disposiciones relevantes

• Reconocimiento del escrache como forma legítima de denuncia por parte de víctimas.
• Aplicación de la política y protocolos incluso si la víctima ya no está vinculada laboralmente.
• Enfoque diferencial e interseccional para grupos de especial protección constitucional (discapacidad, comunidades étnicas, LGBTIQ+, adultos mayores, etc.).
• Articulación intersectorial y reporte obligatorio a sistemas nacionales de información (SIVIGE, Salvia).

Se recibirán comentarios hasta el 31 de octubre de 2025.