Giro en la política Regulatoria en la administración Biden

El mismo día de su posesión, el pasado 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó 17 órdenes ejecutivas, memorandos y proclamas, en gran medida mostrando el viraje de las nuevas políticas y la tendencia de su gobierno.

Dentro de éstas, se destacan las medidas sobre el manejo de la pandemia, en donde se despliegan los esfuerzos para el uso masivo de las mascarillas por medio de medidas más educativas que coercitivas y el regreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En temas migratorios se ha protegido y reforzado el programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) que protege a inmigrantes llegados a Estados Unidos siendo niños, se han vuelto a autorizar los vuelos de países predominantemente musulmanes y se destaca especialmente la orden de suspender la construcción del muro fronterizo con México.

En medio ambiente, el presidente Biden oficializó el reingreso de Estados Unidos a los acuerdos climáticos de París y comenzó a revertir una serie de políticas ambientales del gobierno Trump, incluyendo la reversión de los retrocesos en las normas de emisiones de vehículos y el restablecimiento de un grupo de trabajo sobre los costos sociales de los gases de efecto invernadero.

Así mismo, se han establecido cambios en las políticas de igualdad y educación en asuntos de género, políticas económicas y de apoyo al agro, a deudores morosos por la crisis ocasionada por el COVID-19 y se han impulsado políticas éticas para los empleados federales con el fin de mantener y restaurar la confianza en el gobierno.

No obstante, de manera más desapercibida, ha pasado el memorando de revisión regulatoria, el cual busca modernizar este proceso, y al final “promover políticas regulatorias que mejoren la vida del pueblo estadounidense” (Memorandum, Modernizing Regulatory Review, 2021).

Con la adecuación de este proceso, la administración Biden busca de manera rápida y eficaz, establecer procedimientos regulatorios y de políticas públicas que ayuden a enfrentar los desafíos más importantes de su administración, los cuales diríamos que son los mismos de toda la humanidad en estos días: la pandemia, la recesión económica, la desigualdad racial, y el cambio climático, los cuales deberán brindar sugerencias concretas sobre cómo el proceso de revisión regulatoria puede promover la salud y la seguridad pública, el crecimiento económico, el bienestar social, la justicia racial, la administración ambiental, la dignidad humana, la equidad y los intereses de las generaciones futuras.

Las recomendaciones para las entidades federales norteamericanas están enfocadas en:

(i) Identificar formas de modernizar y mejorar el proceso de revisión regulatoria. Con el fin de garantizar que el proceso de revisión promueva políticas que reflejen los nuevos desarrollos científicos y económicos, que tenga en cuenta plenamente los beneficios regulatorios que son difíciles o imposibles de cuantificar, y que no tenga efectos antirreguladores o desreguladores perjudiciales.

(ii) Proponer procedimientos que tengan en cuenta las consecuencias distributivas de las reglamentaciones, así pues, los análisis de los costos y beneficios de las reglamentaciones deben garantizar que las iniciativas reglamentarias beneficien adecuadamente, y no carguen de manera inapropiada a las comunidades desfavorecidas, vulnerables o marginadas.

(iii) Buscar formas en que la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA) desempeñe un papel más proactivo, asociándose con agencias para explorar, promover y emprender iniciativas regulatorias.

(iv) Identificar reformas que promoverán la eficiencia, transparencia e inclusión en el proceso de revisión normativo.

Biden reafirmó los principios de una orden de 2011 del presidente Barack Obama, la cual promueve la participación pública y «el intercambio abierto de información y perspectivas» (Memorandum, Modernizing Regulatory Review, 2021); respetar la integridad científica; y participar en una revisión retrospectiva de las regulaciones existentes, repensando aquellas que son “anticuadas, ineficaces, insuficientes o excesivamente onerosas” (Memorandum, Modernizing Regulatory Review, 2021), así como establecer siempre como referente en las decisiones que se adopten la dignidad humana.

De esta forma, la administración Biden se desmarca de las políticas regulatorias de la administración anterior, en donde más allá de las conocidas tendencias desreguladoras, también se habían hecho aparte las mejores prácticas de diseño normativo. Estos cambios retoman la senda para una mayor inclusión, transparencia, y democratización en la creación de políticas públicas, y otorgan un buen ejemplo a seguir para nuestros países latinoamericanos.

Referencias bibliográficas

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