Por Julián López Murcia

*Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Ex Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, y Miembro Fundador del Centro de Estudios Regulatorios.

Todavía no se conocen los detalles de la propuesta de la Alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia López sobre el no pago generalizado de servicios públicos durante un mes (“suspender el pago” ha dicho la Alcaldesa), como parte de las medidas para apoyar a los habitantes de la ciudad durante la cuarentena que estamos cumpliendo para disminuir el contagio del coronavirus (video: https://www.youtube.com/watch?v=WpGvtUs29rA). Sin embargo, quisiera compartir algunos breves comentarios.

El régimen actual de servicios públicos ordena a los prestadores dejar de prestar el servicio cuando no haya pago durante cierto tiempo (como seguramente ocurrirá en miles de hogares por las dificultades económicas asociadas a la pandemia). Disposición abiertamente contraria al contenido constitucional del derecho al agua, en el que se exige “insuspendibilidad” y “accesibilidad económica”. Además, absolutamente inconveniente en medio de la lucha contra el coronavirus, que requiere mejorar nuestros habitos de higiene y aislamiento en los domicilios.

En este contexto, creo que el mejor camino para cumplir el objetivo de la Alcaldesa no sería la gratuidad en los servicios públicos para todos los usuarios. La gratuidad puede tener efectos negativos sobre el consumo (aumento generalizado) y sobre la sostenibilidad financiera de la prestación de los servicios públicos.

Creo que sería mejor enfocarse en: (i) garantizar la “insuspendibilidad” de los servicios públicos domiciliarios a todos los habitantes del país y (ii) aumentar los subsidios para las personas con menores ingresos. La insuspendibilidad cumpliría el propósito de que nadie vaya a quedar sin acceso al agua potable y el saneamiento, la energía y el gas durante esta emergencia por falta de pago (sin los impactos negativos de la gratuidad). Por supuesto, supone retos importantes para los prestadores, pero en las actuales circunstancias todos debemos participar en las soluciones.

De otro lado, en vez de gratuidad generalizada, el aumento de subsidios para el consumo básico de las personas con menores ingresos, nos ayudaría a enfocar los recursos en quienes más lo necesitan. Para esto sería necesario cambiar el actual “techo” legal de los subsidios, de manera que podamos llegar (con cargo a los presupuestos de la Nación y de las autoridades subnacionales), por ejemplo, al 100% para los estratos 1 y 2, y en un porcentaje menor para el estrato 3 (por supuesto, puede cuestionarse si los estratos son todavía la mejor forma de focalizar subsidios, pero con la actual urgencia tal vez no sea el momento para cambiar). También deberíamos revisar qué se entiende por “consumo básico”, en la medida en que en las actuales circunstancias ese consumo es sustancialmente mayor (entre otras razones, porque las personas están todo el tiempo en su domicilio y las medidas de higiene aumentaron).

Finalmente, es el Presidente de la República quien podría ordenar ambas medidas (insuspendibilidad y aumento de subsidios) en el marco del Estado de Emergencia (de hecho, el decreto 441 del 20 de marzo del 2020 ya contempla una forma de insuspendibilidad del suministro de agua potable). Además, el gobierno nacional es un actor fundamental en su posible financiación. De allí que sea una excelente noticia que los gobiernos nacional y distrital estén trabajando conjuntamente en el diseño del apoyo en servicios públicos, como lo indicó la Alcaldesa al final de la rueda de prensa conjunta con el Presidente del 21 de marzo en la noche (video: https://www.youtube.com/watch?v=nIDmFnP-jn4&feature=emb_title ).

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